Valle Hill es un vecindario de Puerto Rico que no debería existir.
Es un conjunto de casas privadas en un humedal público. Cuando llueve, se inunda. Los residentes que tiene agua o energía eléctrica probablemente la tienen de forma ilegal. Pocos, o ningún residente, tienen títulos de propiedad. ¿Y el proyecto de aguas que era para ayudar a los residentes? Está paralizado, como también lo está el esfuerzo por construir un dique para evitar que las aguas crezcan de nuevo.
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Y luego vino el huracán María y simplemente empeoró una situación que ya era mala. Un ejemplo es Alberto Díaz. Para cuando sus vecinos lo llevaron a rastras a un lugar seguro, la inundación de María ya le llegaba a la barbilla. Eso fue hace más de cuatro meses. Desde entonces, el trabajador corporal, de 68 años, jubilado, ha vaciado la mayor parte de su casa, ha arrancado las alfombras y retirado los muebles.
Fuera de su casa hay una pequeña flota de autos inundados, dañados. Él duerme en colchones en su patio exterior. El techo de metal mantiene alejada la lluvia, dijo. Pero no los mosquitos, las cucarachas ni las ratas.
“Ningún ser humano debe vivir así”, dijo Díaz.
Y según la opinión de los funcionarios electos, los seres humanos no deben vivir, en lo absoluto, en Valle Hill.
Valle Hill fue construido después del ataque del huracán Hugo en 1989 y es parte de un vecindario más grande llamado San Isidro, localizado en la municipalidad de Canóvanas.
Muchas de sus cientos de familias son de la República Dominicana, algunas sin estatus legal; otras vinieron hace años en busca de un lugar más económico para construir un hogar; otros más, como Díaz, se mudaron aquí sin saber en lo que se metían.
Algunos funcionarios han dicho que los residentes invadieron terrenos púbicos; algunos residentes dicen que fueron invitados y animados a mudarse por el anterior alcalde de la ciudad. Pero ahora, todo eso es historia. Invasores o invitados, la realidad es que Díaz y sus vecinos de Valle Hill viven en un humedal público.
Díaz dice que recuerda cuando se mudó allí hace casi 20 años. Él le compró el terreno a un amigo, sin haber visto el lugar. Pero cuando al llegar: "Me di cuenta que lo había comprado era un charco de agua," dijo.
Javier Aponte es integrante de la casa de representantes de Puerto Rico.
"Nadie aquí tiene títulos," dijo, en una visita reciente al vecindario para entregar un purificador de agua portátil. Sin título de su propiedad, dijo Aponte, los residentes como Díaz que perdieron sus casas, no pueden recibir ayuda federal para reconstruirlas.
"Si no se tiene un título," dijo, "no se tiene nada."
Un vocero de FEMA dijo que existen programas que los residentes pueden usar para obtener algo de ayuda federal para, entre otras cosas, pagar la renta, cubrir las necesidades básicas y conseguir préstamos. Pero puede que eso sea todo.
La zona ha estado desde hace mucho tiempo bajo observación del gobierno federal.
Luego de años de revisión y ejecución, la Agencia Federal de Protección Ambiental, decidió en 2015 que el problema medioambiental estaba, en gran medida, resuelto. Pero Paloma Ortiz dice que permanece el humanitario.
"Aquí hay un problema de salud pública, mayor que solo personas con ojos irritados o en cama," dijo Ortiz, una enfermera voluntaria de 24 años, de San Juan. "Las condiciones médicas se generan del problema de salud pública."
Ortiz vino por primera vez con un grupo de la iglesia para ayudar a distribuir alimentos y ropa, después de la tormenta. Pero ella dice que se percató rápidamente de que el vecindario necesitaba más.
Una o dos veces a la semana, ofrece de forma voluntaria su tiempo para revisar a los ancianos y a los enfermos. Cuando visitamos, ella limpió y vendó una dolorosa úlcera en el pie de un hombre postrado en cama, ofreció consulta a una mujer que tenía una hernia abdominal y visitó a Alberto Díaz, el hombre que duerme en su patio exterior.
"Estamos peleando," dijo ella, solo medio en broma, mientras ella y Díaz estaban en casa de este revisando sus medicamentos. Ella considera que él no toma las medicinas que necesita y, demostrando interés, se lo hace saber. Por su parte, Díaz dijo que no le gusta tomar píldoras; son tantas que es casi como una comida completa. Pero, dado que vive la mayor parte del tiempo solo, aprecia la ayuda.
"Ella es como un ángel bajado del cielo," dijo, antes de darle un beso en la mejilla.
Janet Lozada solía tener una casa junto a la de Díaz, pero María la destruyó. Ella vivió aquí por 19 años, se mudó para acá cuando estaba embarazada y buscaba un lugar al cual poder llamar hogar.
Ahora, está molesta, harta de las condiciones en las que viven ella y sus vecinos. Algunos de ellos son puertorriqueños, otros son dominicanos que están aquí sin un estatus legal. Pero todos ellos, dijo ella, son seres humanos.
"Aquí viven seres humanos," dijo. "Lo que está ocurriendo aquí no es justo."
Conocimos a Lozada cuando los gobernadores, tanto de Puerto Rico como de Nueva York, estuvieron en Valle Hill para hablar sobre el auxilio por el huracán. De camino a la conferencia de prensa, Lozada dijo que quería comprender esto: ¿De qué sirve recibir algunos cientos de dólares de la FEMA para comprar una cocina, si no tiene donde ponerla?
Luego de la conferencia de prensa, le pedimos al gobernador Ricardo Rosselló una actualización de lo que ocurrirá con los residentes de Valle Hill.
"Por supuesto, el alcalde ha estado trabajando en el dique para que también se les pueda entregar la propiedad de las tierras," dijo. "Y nuestro compromiso es, que una vez que lo establezca el gobierno federal, les daremos a esas familias el acceso a sus tierras."
Pero según el alcalde del pueblo, para avanza, la planificación del dique requiere de $50 millones del congreso y está paralizado.
Esta historia es parte de “The Island Next Door,” el proyecto de información de WNPR sobre Puerto Rico y Connecticut, después del Huracán María.
